Grupos económicos se blindan y fichan a expertos en libre competencia ante proceso que abrió el TDLC

Una intensa actividad en materia de libre competencia se ha dado en las últimas semanas. A la cadena de seminarios, encuentros y reuniones en asociaciones gremiales, tras la decisión del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) de analizar una posible norma que regule a los principales grupos económicos del país, se suma un arduo período de consultas a especialistas de parte de grandes holdings empresariales para resolver si es conveniente o no hacerse parte de la discusión.

Algo que, para varios de ellos, era más o menos evidente desde un comienzo, dado que fueron señalados directamente en la presentación realizada por Conadecus y que dio origen al análisis, cuando la organización de consumidores hace expresa referencia a los grupos Matte, Luksic, Angelini, Yarur, Falabella, Paulmann, SQM, Santander y Enel, a los que menciona entre los nueve grupos que, a su juicio, concentran el poder económico en el país y a quienes debiese limitarse su poder de mercado.

Ante ello, los fichajes no se hicieron esperar. Diario Financiero pudo confirmar que el grupo Angelini acudió al especialista Julio Pellegrini, socio de Pellegrini & Rencoret. El grupo Luksic hizo lo propio contratando a Cristóbal Eyzaguirre por Banco de Chile y al exfiscal nacional económico, Ricardo Riesco, por Quiñenco y sus filiales del sector industrial. Falabella recurrió a sus abogados de cabecera en temas de libre competencia, liderados por Nicole Nehme (FerradaNehme); mientras Alfredo Alcaíno (Alcaíno Abogados) está por el grupo Matte e Ignacio Larraín, socio de Vial Larraín Femenías, por el holding de los Yarur (Bci).

Los plazos

Así es como se están armando las defensas de estos grupos que deberán realizar sus presentaciones antes del 28 de diciembre, fecha límite para aportar antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles, desde que se publicó el proceso de recomendación normativa en el Diario Oficial.

Aun cuando fueron específicamente apuntados, ninguno de estos grupos tiene la obligación de hacerse parte de la causa, pero –según comentan– varios optaron por avanzar en sus presentaciones porque es la instancia donde pueden plantear sus reparos al fondo y forma de la solicitud realizada por la organización de consumidores. “Respaldaremos nuestros planteamientos tanto técnica como jurídicamente”, señalan desde Falabella.

Otros involucrados añaden que se trata de una presentación con “deficiencias conceptuales y metodológicas”, que excede el ámbito de la libre competencia, en consecuencia que se basa en un supuesto que apunta a que los conglomerados por el simple hecho de existir atentan contra ella, y además algunos expertos perciben un posible uso instrumental (más político), entre otros cuestionamientos.

Pero los grupos económicos no son los únicos que presentarán sus cartas. También lo harán otros cinco organismos que fueron oficiados por el TDLC, como es el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, los ministerios de Economía y Hacienda, así como la Fiscalía Nacional Económica.

Expectación

Otros que están expectantes son los grupos extranjeros o con inversionistas foráneos dentro de la propiedad, muchos de los cuales han sondeado con abogados especialistas la pertinencia de entrar en esta discusión.

“No todos los interesados debiesen hacerse parte del proceso y así lo hemos recomendado. Ahora bien, veamos quiénes aportan antecedentes y qué resuelve el TDLC, porque la propuesta de Conadecus enfrenta problemáticas jurídicas y económicas, como por ejemplo, que efectivamente se pueda sostener que un conglomerado afecta de por sí a la libre competencia por la participación simultánea de sus empresas en distintos mercados”, apuntó Francisco Blavi, socio de Coz & Blavi.

Con todo, los conglomerados más interesados son los que poseen un brazo financiero, dado el foco que pone la presentación.

Lo que busca Conadecus, según su planteamiento, es que se promueva un proyecto de ley que limite el poder de mercado de los grupos empresariales que tienen participación en entidades financieras relevantes, a través de medidas como restricciones a estructuras societarias piramidales, a la participación cruzada de grupos empresariales, entre otras acciones.